VeriFactu suma un nuevo retraso: Hacienda aplaza su entrada en vigor hasta octubre de 2028
La implantación de VeriFactu, el sistema promovido por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial, vuelve a retrasarse. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que las obligaciones pendientes derivadas del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación (Real Decreto 1007/2023) se aplazarán hasta octubre de 2028, con el objetivo de hacer coincidir su aplicación con la entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria para pymes y autónomos.
La decisión supone un nuevo giro en un calendario que ya había sido modificado anteriormente. Hasta ahora, la adaptación estaba prevista para el 1 de enero de 2027 en el caso de las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y para el 1 de julio de 2027 para el resto de empresarios y autónomos.
VeriFactu constituye uno de los principales instrumentos de la Ley Antifraude para combatir la economía sumergida y garantizar la trazabilidad de las operaciones. El sistema obliga a utilizar programas de facturación capaces de asegurar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, evitando la manipulación o eliminación de facturas una vez emitidas.
Desde Hacienda justifican el aplazamiento por la necesidad de favorecer la "máxima convergencia posible" entre VeriFactu y la futura factura electrónica, tanto desde el punto de vista normativo como técnico, además de avanzar hacia los requisitos de reporte digital previstos en la iniciativa europea ViDA, una gran reforma impulsada por la Comisión Europea para modernizar el sistema de IVA de la UE, reducir el fraude y adaptar las obligaciones fiscales a la economía digital.
La medida ha sido recibida con satisfacción por una parte significativa de los colectivos afectados. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que llevaba meses reclamando la sincronización de ambos calendarios, considera que imponer distintas adaptaciones tecnológicas en plazos muy próximos suponía un sobrecoste injustificado para los negocios.
También la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha valorado positivamente el cambio, al entender que facilita una transición más ordenada y evita duplicidades regulatorias para empresas y despachos profesionales.
Eso sí, es importante destacar que que VeriFactu y la factura electrónica persiguen finalidades diferentes, fiscal, por un lado, y de eficiencia comercial y lucha contra la morosidad, por otro, aunque ambos comparten la misma base de digitalización de los procesos de facturación.
De hecho, la necesidad de mejorar la información y la preparación del tejido empresarial sigue siendo evidente. Un estudio reciente de TeamSystem revela que el 41% de las pymes y autónomos aún confunde VeriFactu con la factura electrónica y que solo el 9% afirma conocer claramente las diferencias entre ambas obligaciones.