El Gobierno activa ayudas extraordinarias para autónomos y empresas afectadas por los incendios forestales
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que activa un paquete extraordinario de medidas destinadas a apoyar al empresariado afectado por los incendios forestales registrados este verano.
La norma declara como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil los territorios que han sufrido daños significativos a causa de más de doscientos episodios de fuego entre los meses de marzo y julio, una decisión que permite movilizar recursos urgentes para atender las consecuencias personales, materiales y económicas derivadas de la emergencia y facilitar la recuperación de la actividad productiva en los municipios afectados.
Flexibilización del cese de actividad para profesionales afectados
El nuevo marco normativo introduce una flexibilización excepcional del acceso a la prestación por cese de actividad, una medida especialmente relevante para los profesionales que han visto interrumpido su trabajo por evacuaciones, restricciones de movilidad, daños en sus instalaciones o cualquier otra incidencia directamente vinculada a los incendios.
También se elimina la obligación de acreditar inicialmente la existencia de fuerza mayor y permite que el tiempo de percepción de la prestación no compute para futuros derechos. La duración máxima será de cuatro meses y los efectos económicos se retrotraen al 22 de julio, fecha en la que comenzaron las primeras actuaciones de emergencia de carácter generalizado.
Prestaciones extraordinarias y alivio administrativo para zonas afectadas
El decreto contempla asimismo una prestación extraordinaria para aquellos autónomos que no puedan acceder a su centro de trabajo o a su vivienda debido a evacuaciones, confinamientos preventivos o tareas imprescindibles de acondicionamiento y seguridad.
Esta ayuda funciona como una suspensión temporal de la actividad sin penalización económica y estará disponible mientras permanezca activa la campaña anual de peligro alto de incendios.
Junto a las medidas de protección social, el real decreto ley incorpora exenciones en las cuotas a la Seguridad Social para autónomos y empresas afectadas, así como beneficios fiscales y ayudas directas destinadas a reparar locales, instalaciones, maquinaria y otros bienes vinculados a la actividad económica.
Estas actuaciones se aplicarán en los municipios donde los incendios hayan obligado a activar planes de protección civil como evacuaciones, confinamientos o restricciones de acceso y se mantendrán vigentes hasta el cierre oficial de la campaña de alto riesgo.
Estas medidas, subraya el Gobierno, buscan garantizar liquidez inmediata, reducir cargas administrativas y facilitar la continuidad de los proyectos empresariales en un contexto de especial vulnerabilidad.