Cifras económicas de la pandemia
Los efectos de la pandemia sobre los indicadores económicos se están dejando notar en todo el planeta, aunque no con la misma intensidad en todas las zonas.
La maltrecha economía de España coloca a nuestro país en el grupo de cabeza de aquellos que más están sufriendo los estragos de esta crisis. El pesimismo colectivo se apodera de todos los ámbitos; trabajadores, empresas, organizaciones, expertos, informadores, inversores y hasta los especuladores más complacientes y oportunistas con estas etapas muestran abiertamente, cada uno a su manera, la necesidad de reformular una estrategia política y económica que evite en un futuro cercano que a nuestros gobernantes solo les quede la posibilidad de gestionar la pobreza.
La maltrecha economía de España coloca a nuestro país en el grupo de cabeza de aquellos que más están sufriendo los estragos de esta crisis
La tendencia subyacente del ser humano hacia el optimismo -“de todo se sale”, suele afirmarse- en ciclos económicos desfavorables, provocados por crisis financieras, conflictos bélicos, revoluciones o pandemias como la que sufrimos hoy, olvida en sus análisis históricos el número de víctimas, no necesariamente mortales, que se cobraron estos acontecimientos. Y continúan cobrándose, porque la crisis sanitaria nos está dejando unas cifras dramáticas de fallecidos, así como la coyuntura económica cuenta con sus propias víctimas, representadas en trabajadores que engrosan las estadísticas del paro o viven en un estado de constante incertidumbre o en los empresarios y emprendedores que temen experimentar la tragedia de tener que cerrar sus negocios, en los que habían invertido sueños, esfuerzo y capital, cuando no lo han hecho ya. El último mes normal -febrero- ya nos queda muy lejano, pero al realizar una comparativa entre el período de normalidad y el anormalmente actual no podemos evitar caer en una cierta desesperanza y en un sentimiento de vulnerabilidad que nos paraliza.
Con este panorama, la deuda pública (lo que las administraciones central, autonómica y local deben al sector privado) se ha elevado hasta un máximo histórico, igualando el nivel que alcanzó en la primera década del pasado siglo. Superada la mitad de 2020, la deuda ha aumentado en 100.000 millones de euros, situándose cerca de los 1,3 billones. El Banco de España prevé para este año una deuda del 115,5%, aunque otros expertos pronostican que superará el 120%. Las previsiones de ingresos por IVA, impuesto de sociedades, IRPF y cotizaciones sociales se han visto doblegadas por la cruda realidad de un desplome sin precedentes de la recaudación, a la vez que el gasto por ERTE, desempleo y ayudas sociales desembocará en un déficit también histórico -al cierre del primer semestre ya superaba el 6%- que el Gobierno prevé por encima del 10% del PIB a finales de año. Recordemos que 2019 cerró con un 2,8% de déficit.
El PIB (valoración económica de los bienes y servicios producidos en un país o zona determinada) señala a España como el estado de la UE con peor resultado en el segundo trimestre al caer este indicador un 18,5%, muy superior a la media europea del 11,8%. La variación anual tampoco nos deja en buen lugar.
El Plan de Estabilidad Presupuestario 2020-2023 que el Gobierno envió a Bruselas el pasado mes de mayo estimaba una caída del 9,2% en el PIB para este ejercicio, una previsión que se antojaba demasiado optimista tras los previsibles rebrotes de coronavirus sufridos durante el verano y que no parecen remitir entrado el otoño.
El Índice de Producción Industrial (evolución de la cantidad y la calidad en la producción de la industria extractiva y manufacturera y el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado) en España en el pasado mes de julio subió un 9,4%, una buena noticia, pero en el interanual se encuentra entre los países más afectados de la UE, con una caída del 6,8%.
Un indicador que está siendo especialmente maltratado por esta crisis es el de las ventas minoristas (comercios que venden al por menor al consumidor final), con un descenso del índice interanual del 3,9% en el mes de julio. Concretamente, los autónomos comerciantes, pequeñas empresas y micropymes, bajo sus distintas acepciones -pequeño comercio, comercio de proximidad, comercio local-, viven su particular calvario presionados por varios frentes. Las plataformas que venden online, las grandes superficies y la globalización del comercio están desplazando a estos negocios. En lo que va de año, muchos de ellos han perdido entre un 40% y un 60% de su facturación respecto al año pasado y más de 150.000 se hallan en riesgo de desaparecer, con la consiguiente pérdida de empleos.
Respecto a febrero, último mes de normalidad, el paro registrado oficialmente ha subido de 3.246.047 desempleados a 3.802.814 en agosto, sin contabilizar dentro de este apartado a los trabajadores que aún continuaban a 31 de agosto en un ERTE (812.438, de los que solo un 18,3% no se consideran ‘por fuerza mayor’), que convierte a España en el segundo país de la UE con más desempleados detrás de Grecia. Los jóvenes son el colectivo más golpeado por estas cifras, con más de un 40% en esta situación.
La última EPA nos ofrece un dato paradigmático: 3.383.952 de trabajadores ocupados se encuentran registrados como solicitantes de empleo, bien porque buscan uno mejor remunerado o con condiciones más favorables o porque desean encontrar otro que complemente su remuneración como pluriempleados. En febrero había 789.441 ocupados inscritos como solicitantes de empleo.
Agosto cerró con una afiliación de 18.591.306 trabajadores al sistema de la Seguridad Social en todos los regímenes, contabilizando, esta vez sí, a los afectados por un ERTE y a los autónomos en cese de actividad por fuerza mayor, frente a los 19.279.415 que había inscritos en febrero. El sector servicios continúa siendo el más castigado en estos meses.
En el capítulo de los trabajadores autónomos, su presencia en el sistema no sufre aparentemente una variación significativa a pesar de las dificultades por las que están pasando muchos de ellos. Esto es debido, como ya conocemos, a que continuaban afiliados todos aquellos beneficiarios de la prestación por cese de actividad a fecha de 31 de agosto.
A la vista de los datos, la brecha de género se está dejando notar tanto en la afiliación como en el paro.
El envejecimiento de la población, la cada vez más alta esperanza de vida y la baja tasa de natalidad son factores que no auguran una fácil solución a la problemática de las pensiones en España. El número de pensiones contributivas abonadas en agosto fue inferior al de febrero en 27.600 aproximadamente, pero su gasto se incrementó en cerca de 32 millones. Nos acercamos inexorablemente a los 10.000 millones mensuales en esta partida. En septiembre el coste ha sido de 9.911,42 millones de euros.
Los datos hablan por sí solos: algo nos está empujando en la dirección equivocada. El presente se ha convertido en una lucha por la supervivencia, mientras el futuro no parece el más idóneo para fomentar la confianza de inversores y emprendedores e impedir la fuga de talento hacia países con más estabilidad. Está claro que de todo se sale, pero ¿a qué precio? El tiempo lo dirá.
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