AUTÓNOMOS: PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS POR CESE DE ACTIVIDAD
Desde que el gobierno publicara su primer paquete de medidas económicas en marzo de 2020 hasta el publicado el pasado mes de mayo de 2021, han sido cinco los grandes textos normativos que se han puesto en marcha para regular y paliar la situación de crisis económica, derivada de la crisis sanitaria, en el sector laboral, tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para las empresas y autónomos, adaptando las normas y las ayudas a la evolución de la pandemia y a los sectores más vulnerables.
Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones económicas por cese de actividad de trabajadores autónomos (CATA) suponen el núcleo principal de esta legislación durante el período citado de 14 meses, desde marzo 2020 hasta mayo 2021.
En todas estas medidas el fundamento y denominador común ha sido el art. 86.1 de la Constitución:
«En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general».
Los cinco paquetes de medidas durante este período han sido:
- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
«las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad» - Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
«toda la normativa adoptada por causa del COVID-19, cuyo pilar o eje fundamental está constituido por las medidas de flexibilidad interna, de carácter coyuntural, ha tenido por objetivo estabilizar el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y sostener el tejido productivo, a través además de una flexibilización de los mecanismos precisos, evitando cargas adicionales innecesarias» - Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
«resulta necesario atender de manera adecuada el diferente impacto que la crisis provocada por la pandemia está causando en diferentes sectores productivos más directamente vinculados con los factores asociados a los riesgos epidemiológicos» - Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.
«se establecen medidas que tratan de abordar, con la urgencia requerida, la agilización efectiva de los procedimientos administrativos, facilitando el cumplimiento de las obligaciones y prolongando la regulación de determinadas previsiones con el fin de no generar nuevas obligaciones en una situación tan extraordinaria como la que está sufriendo nuestro país» - Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.
«el mantenimiento de cierta dosis de incertidumbre sobre la plena capacidad de recuperación y el restablecimiento de la actividad empresarial, que en estos momentos se presume asimétrica y sectorizada, exige mantener las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas desde el comienzo de la crisis sanitaria»
Pormenorizando en las prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos, cuya regulación está generando algunas dudas en este colectivo, Fraternidad-Muprespa ha publicado en su web corporativa un contenido que intenta aclarar todo lo relacionado con estas ayudas y prestaciones económicas.
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